miércoles, 30 de marzo de 2011

nuevas generaciones

¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones en el contexto actual? En muchos países, los jóvenes salen a la calle preguntando cómo las generaciones mejor formadas de la historia de la humanidad malviven de trabajos precarios o de subsidios de desempleo. ¿Qué mecanismo de asignación de salarios se está siguiendo? ¿Cómo se puede mejorar la productividad si los jóvenes cualificados tienen contratos precarios?
      Toda protesta tiene eco cuando convive con una manifestación cultural, una de las más curiosas ha sido la erigida en Portugal en torno a esta canción:

Deolinda - Parva que sou
Música e letra: Pedro da Silva Martins
Sou da geração sem remuneração
e não me incomoda esta condição.
Que parva que eu sou!
Porque isto está mal e vai continuar, 
já é uma sorte eu poder estagiar.
Que parva que eu sou!
E fico a pensar, 
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.
Sou da geração ‘casinha dos pais’, 
se já tenho tudo, pra quê querer mais?
Que parva que eu sou
Filhos, maridos, estou sempre a adiar 
e ainda me falta o carro pagar
Que parva que eu sou!
E fico a pensar, 
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.
Sou da geração ‘vou queixar-me pra quê?’ 
 alguém bem pior do que eu na TV.
Que parva que eu sou!
Sou da geração ‘eu já não posso mais!’ 
que esta situação dura há tempo demais
E parva não sou!
E fico a pensar,
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.

Soy de la generación sin remuneración
y no me incomoda esta condición.
¡Qué paleta que soy!
Porque esto está mal y va a seguir así,
es una suerte poder estar en prácticas.
¡Qué paleta que soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

Soy de la generación “casa de los padres”,
si ya tengo todo, ¿para qué querer más?
¡Qué paleta que soy!
Hijos, maridos, estoy siempre aplazando
y aún me falta el coche por pagar.
¡Qué paleta que soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

Soy de la generación “quejarme, ¿para qué?”
Hay alguien peor que yo en la tele.
¡Qué paleta que soy!
Soy de la generación “ya no puedo más”
que esta situación dura tiempo de más.
¡Y paleta no soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

 (Trad. Departamento de economía)

martes, 15 de febrero de 2011

La educación, ¿un bien público?

El asalto a la educación pública

14dic 2010


JOSEP FONTANA (Diario Público)
En el actual desguace del Estado del bienestar le ha tocado el turno a la educación pública, y en primer lugar a la superior. En Italia la reforma Gelmini se propone eliminar un gran número de profesores y reducir considerablemente los fondos destinados a la universidad y a la investigación. Ante las protestas de estudiantes y profesores, Berlusconi ha manifestado: “Los verdaderos estudiantes se sientan en su casa y estudian, los que salen a las calles son alborotadores”. El otro foco de protestas ha sido Gran Bretaña, donde una propuesta semejante va acompañada del anuncio de una subida brutal de las tasas universitarias, que dejaría la educación superior reducida a un privilegio para los hijos de las clases elevadas.
El asalto no se refiere solamente a las universidades. En Estados Unidos –y es bueno fijarse en lo que ocurre allí, porque es el anuncio de lo que nos puede llegar pronto– la escuela publica está siendo atacada por dos caminos distintos. En primer lugar, por la necesidad de reducir el gasto. Michael Bloomberg, el multimillonario alcalde de Nueva York, ha puesto al frente de sus escuelas a Cathleen Black, presidenta del grupo Hearst (que edita publicaciones como Cosmopolitan o Marie Claire), una ejecutiva sin ninguna preparación en el terreno de la educación, que ya ha anunciado que su tarea se va a centrar en reducir el gasto del sistema escolar público, que es el que usan los pobres. Bob Herbert, que sitúa estos hechos en el contexto de una Norteamérica en que coinciden el mayor paro y los mayores beneficios de las empresas financieras, advierte: “La guerra de clases de la que nadie quiere hablar sigue sin pausa”.
Hay una segunda línea de ataque, en que participa activamente la Bill and Melinda Gates Foundation, que combate la escuela pública como ineficaz, sin tomar en cuenta la pobreza de recursos con que funciona, y acusa de ello a los sindicatos del profesorado, que se niegan a aceptar el despido de los maestros menos capacitados. Su alternativa son las charter schools, que están “exentas de reglas locales o estatales que inhiben una administración y gestión flexibles”.
Lo que estos planteamientos suelen ocultar es que, detrás de los argumentos de coste y eficacia, hay el propósito de combatir una enseñanza independiente y crítica, que se pretende reemplazar por otra que inculque valores patrióticos y conformismo social. James Loewen explica, en su libro Lies My Teacher Told Me, que los profesores norteamericanos tienen que ir con cuidado cuando hablan en clase de temas como, por poner un ejemplo, la guerra de Vietnam. “He entrevistado a profesores de Enseñanza Secundaria que han sido despedidos, o han recibido amenazas de despido, por actos menores de independencia como los de proporcionar a los alumnos materiales que algunos padres consideran discutibles”. Lo cual, sabiendo que nadie va a acudir a defenderles, les empuja a “la seguridad de la autocensura”.
Las bibliotecas son otro escenario de esta lucha. No sólo las de las escuelas –donde la Asociación de bibliotecarios de Estados Unidos ha denunciado que basta con la queja de un solo padre para eliminar un libro–, sino las públicas en general. Kurt Vonnegut ha elogiado a aquellos bibliotecarios que “han sabido resistir enérgicamente a los energúmenos que han tratado de eliminar ciertos libros de sus estantes y que han destruido los registros de los lectores antes que revelar a la policía del pensamiento los nombres de las personas que los han consultado”.
En un sentido semejante va la decisión del actual Gobierno pospinochetista chileno de disminuir las horas de Geografía, Historia y Ciencias Sociales en las enseñanzas Primaria y Secundaria, que ha provocado manifestaciones de protesta de profesores y estudiantes. O el menosprecio por la presencia de las Humanidades en la universidad, que ha llevado a un crítico de Not for profit –el libro en que Martha C. Nussbaum sostiene que la enseñanza que desarrolla un pensamiento crítico es necesaria para la supervivencia de la democracia– a realizar afirmaciones como la de que “los académicos emplean su tiempo y energía escribiendo monografías ilegibles sobre temas sin interés alguno”.
La tendencia, tanto en la escuela como en la universidad, apunta en la dirección de limitarse a ofrecer una formación que se dedique a preparar para el ingreso inmediato en la empresa. Se trata de consolidar el tipo de “currículum oculto” de que habla Henry A. Giroux por el que “la clase dominante se asegura la hegemonía”, transmitiendo “formas de conocimiento, cultura, valores y aspiraciones que son enseñadas, sin que nunca se hable de ellas o se expliciten públicamente”.
Todo lo cual debería llevarnos a reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de estas políticas. La idea de que sólo se puede combatir el déficit por el procedimiento del recorte del gasto social, ha escrito hace pocos días el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “es un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad del sistema de impuestos y disminuir el papel y el tamaño del Gobierno mientras se dejan determinados intereses establecidos, como los del complejo militar-industrial, tan poco afectados como sea posible”.
La educación pública es una parte esencial de nuestros derechos sociales y una garantía del futuro de nuestras libertades.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Jordi Duró


martes, 4 de enero de 2011

las pensiones sobre la mesa

El retraso de las jubilaciones (16-12-2010)


VICENÇ NAVARRO
El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy de-
sigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía
y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una
enorme escasez de profesionales.
Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and
Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o
en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.
Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.
Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de
trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso